La diputada María Aranzazu Puente Bustindui impulsa una iniciativa para  reformar los artículos 51, 56 y adicionar el 56 bis de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con la finalidad de fortalecer la seguridad jurídica del sistema registral.

En su exposición de motivos la legisladora señala que en San Luis Potosí, el crecimiento urbano, la expansión territorial y el incremento de las operaciones inmobiliarias hacen necesario fortalecer el marco jurídico registral, particularmente respecto de aquellos supuestos en los que puedan presentarse traslapes cartográficos, superposición de inmuebles o controversias derivadas de inscripciones incompatibles.

Puente Bustindui manifiesta que la existencia de conflictos sobre un mismo espacio territorial genera incertidumbre patrimonial, incrementa los litigios, afecta la confiabilidad del sistema registral y coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad respecto de bienes que, en muchos casos, representan el patrimonio construido durante toda una vida.

Menciona que por ello, su iniciativa tiene por objeto fortalecer la seguridad jurídica del sistema registral mediante  el principio de legitimación registral, y con el fortalecimiento de  los mecanismos legales que permitan prevenir conflictos derivados del traslape cartográfico entre inmuebles, privilegiando la congruencia entre la información registral y la realidad territorial.

Señala que esta propuesta de reforma no crea un régimen jurídico novedoso, sino que incorpora al texto legal aspectos esenciales del principio de legitimación registral que actualmente se encuentran desarrollados en el Reglamento, fortaleciendo con ello la congruencia normativa entre ambos ordenamientos y otorgando mayor certeza jurídica a los derechos inscritos.

Asimismo, la iniciativa busca fortalecer el procedimiento registral mediante reglas claras que permitan prevenir la generación de conflictos patrimoniales derivados de traslapes cartográficos, favoreciendo un sistema registral más confiable, coherente y protector de los derechos previamente inscritos.

Asegura que fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad no implica únicamente proteger documentos o asientos registrales; implica proteger hogares, inversiones, actividades productivas, proyectos de vida y la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de tutelar el patrimonio de las personas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable para su estudio y dictamen.