Para incentivar la participación ciudadana, e introducir en nuestra Carta Magna local las figuras de ratificación de mandato, comparecencia pública, auditoría ciudadana, proyectos sociales, y presupuesto participativo, el diputado Gerardo Serrano Gaviño, presentó junto con el C. José Mario de la Garza Marroquín una iniciativa de reforma al artículo 38 de la Constitución Política del Estado y expedir una nueva Ley de Consulta y Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí.

“Buscamos empoderar a la ciudadanía, hacerla parte de las decisiones que toman los gobernantes, los políticos, por medio de herramientas importantes como es el plebiscito, la revocación de mandato, auditoria pública, los presupuestos compartidos; son una serie de herramientas que en pocas palabras invitan a la ciudadanía a formar parte de todas las decisiones que toma el funcionario público”, indicó el legislador.

Señala en la exposición de motivos, que esta propuesta fue inspirada parcialmente en las iniciativas del legislador independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, en donde se proponen las figuras de ratificación de mandato, comparecencia pública, auditoría ciudadana, proyectos sociales, y presupuesto participativo.

Manifiesta que se busca incidir en la democracia directa, para que sean los ciudadanos quienes expresen su sentir sobre los asuntos públicas relevantes, dejando de lado la forma actual de democracia participativa en donde se delega en los funcionarios de elección popular este tipo de decisiones.

Lo relacionado a la ratificación de mandato, éste se concibe como un instrumento de consulta y participación ciudadana directa que tiene como propósito que el Gobernador del Estado, los Diputados, los Presidentes Municipales, los Regidores y los Síndicos rindan cuentas a la ciudadanía a través de la evaluación de su desempeño; para ello se establece como requisitos el que haya transcurrido la mitad del mandato constitucional para el que haya sido electo el funcionario público del que se trate. La solicitud de ratificación de mandato, será analizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se encargará de organizar y realizar la consulta.

Para el caso de la comparecencia pública, se define como un ejercicio entre gobernantes y gobernados para solicitar información, pedir informes, realizar propuestas, y hacer llegar sus propuestas para modificar, rectificar o fortalecer las acciones de los segundos en desempeño de sus atribuciones legales. Puede solicitarse la comparecencia pública del Poder Ejecutivo y los titulares de las dependencias de su gabinete legal y ampliado; los diputados locales; los titulares de los organismos constitucionales autónomos; los presidentes, regidores y síndicos municipales.

La auditoría ciudadana se concibe como un instrumento de contraloría social y participación ciudadana, mediante el cual la ciudadanía, voluntaria e individualmente, asume la responsabilidad de vigilar, observar, evaluar y fiscalizar el desempeño de los programas de gobierno, las políticas públicas y el ejercicio del gasto público. 

Incorpora también la figura de presupuesto participativo para involucrar a la ciudadanía en la asignación de recursos, mediante un mecanismo de consulta, para destinar una partida presupuestaria a las obras que se consideren como más importantes.

“Creo que estas iniciativas ciudadanas que presento con el Licenciado José Mario de la Garza, son las oportunidades que tenemos de trabajar esa relación que necesitamos político-ciudadano- población para que esa confianza se reestablezca y exista esta comunicación para que San Luis y México salga adelante, por eso la considero sumamente relevante”, concluyó el legislador.

La iniciativa también contempla mejorar las herramientas de plebiscito y referéndum para redundar en la reafirmación y fortalecimiento de nuestras formas democráticas conocidas, eventualmente tratando de estimular la participación de la ciudadanía en temas que les afecten directamente.

Esta iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria y turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; y, Especial de Participación Ciudadana y Desarrollo Social.