Con el fin de establecer como facultad de los ayuntamientos, el llevar a cabo consultas entre la población indígena sobre las acciones que habrá de ejecutar, la diputada Guillermina Morquecho Pazzi presentó una iniciativa de reforma al 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Esta iniciativa propone otorgar a los municipios la facultad de procurar la protección legal de las etnias en sus jurisdicciones, así como garantizar su derecho a la consulta previa, libre e informada, y tomar en consideración la opinión de las comunidades en las decisiones del Cabildo que les afecten, respetando en todo momento sus derechos humanos, tradiciones y costumbres, especialmente de la niñez y de las mujeres; así como atender diligentemente las necesidades de los grupos en situación de discriminación y/o vulnerabilidad.

En su exposición de motivos, la legisladora establece la importancia de llevar a cabo consultas entre las comunidades indígenas, según sus costumbres y tradiciones, pero además aceptar sus resultados y brindarles información, lo cual promueve la comunicación entre las partes, es decir entre autoridades y ciudadanos.

“La consulta con el pueblo de que se trate, tiene como objetivo que se elabore de manera conjunta desde las primeras etapas de los planes estatales y municipales de desarrollo o inversión, cuando la zona donde habiten se vea en riesgo, vaya a ser afectada, o bien, en el mejor de los casos, vaya a sr mejorada, para lo cual, se deberá obtener la aprobación de la comunidad”.

Señala que es responsabilidad de las autoridades el brindar información sobre las acciones a tomar, incluidos los posibles riesgos ambientales o de salubridad, derivado de la puesta en marcha de diversos planes de desarrollo o inversión, para que con conocimiento de causa y de forma voluntaria rechacen o acepten dichas propuestas.

“Y con el propósito de asegurar una participación significativa de los grupos indígenas, el estado tiene la obligación de brindar información en un formato entendible y públicamente accesible y aceptar los resultados de la consulta; y el pueblo indígena, decidir sobre quién o quiénes los representarán en cada proceso de consulta”.

De igual forma se propone en la iniciativa la modificación en cuanto al respeto de los derechos humanos, resalando los de la niñez y las mujeres, así como la obligación de la autoridad municipal acerca de la atención de manera diligente a las necesidades de los grupos en situación de discriminación y/o vulnerabilidad.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; Asuntos Indígenas; y, Derechos Humanos, Equidad y Género.