La Auditoría Superior del Estado (ASE) llevará a cabo un recorte de 100 trabajadores contratados bajo el esquema de honorarios profesionales, como parte de las medidas para eficientar el trabajo y reducir el gasto corriente que es insostenible, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado diputado J. Guadalupe Torres Sánchez.

Dijo que el órgano fiscalizador tiene una nómina equivalente a 393 personas y una gran parte del presupuesto que se le asigna se va al rubro de sueldos y salarios, por lo que es necesario realizar un ajuste evaluando a cada trabajador, para que permanezcan solamente quienes tiene una función específica por realizar; se dará de baja a las personas que están bajo contrato, se respetará al personal de base y sindicalizadas.

De esta manera no se afectarían los derechos laborales y se les liquidará conforme a la ley, “en ese sentido fuimos muy responsables al elaborar el presupuesto del presente año, estableciendo una partida específica para el pago de liquidaciones, y sobre todo, nos aseguraremos que no se afecten los derechos laborales de los trabajadores, de tal manera que no habrá ninguna complicación financiera para cumplir todos los compromisos que surjan de aquí al final de año”.

El diputado Torres Sánchez expuso que ya no se repetirá la experiencia de que se da de baja al personal y luego se le vuelve a contratar, ni tampoco hacer contrataciones de personal nuevo, “porque entonces estaríamos cometiendo un grave error y no se solucionaría el problema de fondo”.

El objetivo de estas medidas es eficientar el trabajo de la ASE y hacerlo más barato en términos de egresos por pago de sueldos y salarios, “para que, quienes se queden trabajando, desempeñen una función específica y no hagan otra cosa más que cumplir su responsabilidad, así empezaremos a ver resultados de calidad en todas las áreas”.

Ante la posibilidad de que se presenten demandas laborales, el presidente de la Comisión de Vigilancia señaló que se le recomendó al titular de la Auditoría Superior que las decisiones no afecten al personal de base o sindicalizado, sino a quienes están por contrato y están sujetos a temporalidad, por lo que no habría trasgresión a derechos laborales.