Los estados se quedarán en la indefensión si el Ejército Mexicano se retira de las calles y deja la seguridad pública totalmente en manos de las autoridades civiles, debido a que hay recursos económicos suficientes para el combate a la inseguridad pero no se nota su aplicación porque se carece de patrullas, elementos preparados y sueldos dignos para los policías, entre muchos otros problemas.

Así lo señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado diputado Manuel Barrera Guillén, al exponer que para el secretariado ejecutivo técnico de seguridad pública se destinarán 293 millones de pesos, más 2,089 millones que se presupuestarán en el ejercicio fiscal 2017 y los recursos propios de cada municipio, lo que indica que hay dinero suficiente, pero no se notan los resultados.

“En varios municipios vemos el tipo de patrullas y motos en que trabajan los policías y es un hecho que corren más riesgo su vida al manejarlos que en enfrentar a los delincuentes, por el estado deplorable de las unidades; por eso, en el Presupuesto debemos etiquetar los recursos para que se note la inversión y además la ciudadanía la sienta y la perciba, que nadie tenga miedo de salir a la calle”, dijo.

Barrera Guillén añadió que el reconocimiento que hizo el secretario de la Defensa Nacional general Salvador Cienfuegos de que el Ejército Mexicano no fue preparado para perseguir delincuentes sino para otras funciones, es alarmante porque se podría retirar de las calles, donde además ha recibido ataques brutales y termina siendo víctima también por las limitaciones legales que tiene para su actuación.

El diputado añadió que mucha responsabilidad de la inseguridad la tienen los presidentes municipales que ocupan a los elementos de seguridad como guardias personales, lo que indica que es necesario un mayor compromiso de su parte, por ello si el Ejército Mexicano se retira “quedaremos en estado de indefensión”.

El presidente de la Comisión de Seguridad estuvo en Ciudad Valles para entrevistarse con familiares de personas desaparecidas y autoridades de seguridad de diversos niveles, a fin de darle seguimiento a los casos denunciados; “seguramente el Estado tendrá que indemnizar a las familias para que puedan seguir las investigaciones, porque el sistema no ha dado resultados”, dijo.