El diputado Oscar Bautista Villegas presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que en ningún caso los cuerpos de seguridad con funciones de tránsito podrán retener, inmovilizar o arrastrar vehículos por adeudos correspondientes al pago de tenencia o derechos vehiculares, salvo cuando medie un mandamiento ejecutorio para tal efecto.

Lo anterior porque actualmente en San Luis Potosí circulan a diario miles de vehículos de todo tipo ya se trate de motocicletas o automóviles, sin embargo, muchos de los propietarios de estos autos por diversas razones se encuentran en mora en sus obligaciones fiscales, lo que en ocasiones les acarrea diversos problemas.

Ahora bien, para hacer cumplir a los ciudadanos sus obligaciones existen procedimientos perfectamente definidos en nuestra legislación, no obstante lo anterior, en ocasiones los vehículos son retenidos o decomisados en los retenes instalados por diversas autoridades con fines ajenos a tal situación.

En este sentido, muchos ciudadanos se ven afectados, sobre todo en los municipios donde la actividad primordial está enfocada a las actividades primarias y debido a los bajos ingresos, aunado a que las unidades son bastante viejas, propicia que los ciudadanos caigan en mora ante sus obligaciones, situación que se agrava año tras año, explicó el legislador.

Dijo que otro problema que se genera ante este panorama es que los adeudos muchas veces lleguen a ser mayores que lo que vale el vehículo, aspecto que propicia que se mantenga ese estado moroso indefinidamente.

“Si bien es cierto es necesario un esquema administrativo que logre apoyar a los ciudadanos para resolver esta situación y ponerse al corriente, también lo es que para muchos potosinos su vehículo es el único instrumento de trabajo y al serles retenido indebidamente sin un mandamiento ejecutorio, se violan sus derechos y se perjudica a la economía de los propietarios de los mismos”, sostuvo Bautista Villegas.

La iniciativa del legislador se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis correspondiente.