El pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo presentado por el diputado Héctor Mendizábal Pérez para exhortar respetuosamente a los s titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que en uso de sus atribuciones constitucionales ejecuten las medidas, lineamientos, y protocolos preventivos de protección y seguridad para garantizar la integridad de los periodistas.

Recordó que el pasado mes de mayo, diversos medios de comunicación nacionales e internacionales se sumaron a un llamado para atender la situación de asesinatos de periodistas que se viven en diversas zonas del país, que bajo la publicación de un desplegado BASTA YA, condenaron la inoperancia del estado para garantizar la libertad de expresión.

Ante esto, el Ejecutivo Federal y la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), se comprometieron a emprender “Acciones para la Libertad de expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, que exige sean implementadas con urgencia tomando en cuenta las opiniones y valoraciones de las y los periodistas de cada entidad federativa, en virtud de la violencia exacerbada en contra del gremio periodístico.

El diputado Mendizábal Pérez, presidente de la Comisión Especial para la Atención a Denuncias de Periodistas, señala en su punto de acuerdo que en San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, (CEDH), cuenta a la fecha con 18 casos por violaciones en contra del derecho a la libertad de expresión en ejercicio de la actividad periodística; y la Procuraduría General del Estado, del 2012 a julio de 2016 posee 14 carpetas de investigación por diversos delitos que se originan en el ejercicio del periodismo.

A nivel nacional, en 2016 se registraron 11 asesinatos de periodistas, el mayor número de los últimos 10 años, así como 426 agresiones contra la prensa, lo que significó un aumento del 7% respecto a 2015; en lo que va del 2017 se han registrado 7 asesinatos de periodistas.

“Por lo que es urgente que las autoridades encargadas cumplan las facultades constitucionales de garantizar y respetar los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor periodística, así como la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en todo el territorio nacional”, manifiesta.

Agrega que de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en materia de delitos contra periodistas, la impunidad que padece México es del 99.75 por ciento. Entre los problemas que destacan son: la falta de coordinación entre autoridades federales y estatales, la corrupción entre las autoridades y la falta de protocolos para garantizar la integridad de los periodistas ante cualquier indicio de amenaza”