Para sancionar conductas de cobranza extrajudicial ilegal, el diputado Jorge Luis Díaz Salinas presentó una iniciativa de adición del capítulo XII con un artículo 170 Bis al Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Mediante esta modificación se busca establecer que se comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien para obtener el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval por cualquier medio, haga uso de la violencia, amenaza hostigamiento o intimidación.

Este delito sería sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a setecientos días de salario mínimo; si además se emplearon documentación y/o sellos falsos la pena se aumentará.

En caso de usurpación de funciones públicas o de profesión se aplicarán las reglas del concurso de delitos contempladas en este Código. No se considerará delito informar al deudor, obligado solidario o aval sobre las consecuencias jurídicas derivadas de la falta de pago.

El legislador hace referencia en su exposición de motivos a que la difícil situación económica por la que atraviesa el país, misma que obliga a los ciudadanos a realizar solicitudes de créditos para cubrir necesidades inmediatas, que por supuesto nos pone en una situación vulnerable ante las empresas que nos facilitan dichos créditos.

“Esto ya está legislado a nivel federal, y queremos hacerlo en San Luis Potosí, porque hay empresas que se hacen la cobranza de estos créditos de manera ilegal, y llegan con documentos con sellos falsos que contienen amenazas acerca del embargo o de la detención física del deudor, aval o hasta de las personas que aparecen como referencia”.

Señaló que lo que se busca es que se lleven a cabo acciones de cobranza de manera legal, “porque no estamos diciendo que no se deba cobrar, pero que lo hagan de forma legal, y en caso de que no lo hagan, que se sancione penalmente a estas empresas o personas”, indicó.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Justicia.