El pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y, Seguridad Pública del Estado realicen acciones de manera coordinada en prevención, atención y acceso a la justicia, para protección de las mujeres y niñas que habitan en nuestra entidad y que se sientan seguras al transitar en calles y avenidas utilizando el transporte público. 

En la exposición de motivos de este exhorto, se indica que las conductas denunciables que con más frecuencia se presentan van desde los tocamientos, las palabras obscenas, insinuaciones sobre el cuerpo o apariencia, acosos, intimidación, amenazas con fines sexuales, miradas lascivas e incómodas al cuerpo de las mujeres, persecución y hasta el que tomen fotografías o video sin el consentimiento de la persona.
Además, es necesario que desde la perspectiva de la autoridad encargada de supervisar el transporte público y la seguridad se tenga un panorama claro de los índices de violencia que se llevan a cabo en el día a día en nuestro estado.

Garantizar la seguridad de las mujeres en nuestras ciudades es una medida ligada intrincadamente a distintos factores determinantes, de entre los que destacan la infraestructura y transportes públicos, ya que el riesgo de violencia normalmente aumenta en la noche cuando las calles y parques tienen iluminación inadecuada y los medios de transporte son menos disponibles y frecuentes.

La proximidad entre viviendas, servicios y empleo, reconociendo que las mujeres son las principales responsables del trabajo reproductivo –como el cuidado de menores, personas adultas mayores y del hogar– y también participan en gran parte en labores productivas que generan ingresos; tenemos la obligación de romper la dicotomía de esferas públicas y privadas, para comprender en su totalidad las necesidades particulares de las mujeres a la hora de ejercer su derecho a la ciudad, como elemento imprescindible de la seguridad de transito con perspectiva de género.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015 a nivel nacional, señala que 40% de las mujeres modifica su vestimenta para evitar algún tipo de violencia en el transporte público. Y que hasta un 4.5%, incluso, ha cambiado su trabajo o sus estudios por causa de la violencia en el Sistema de Transporte Público.

En ese sentido, tenemos la obligación de reconocer la existencia del problema en su justa dimensión, no podemos permitir que las mujeres que viven en nuestro estado y que utilizan el transporte público se sientan inseguras de vivir y/o transitar por las ciudades que conforman nuestra entidad.

En el país, hay ciudades con mayor población que han implementado acciones como la separación entre hombres y mujeres en el transporte público en “horas pico”; el acompañamiento de las víctimas en el proceso de denuncia por cualquier tipo de violencia sexual; y la atención psicológica posterior a la denuncia; sostiene el punto de acuerdo aprobado.

En el mismo sentido, la diputada Guillermina Morquecho Pazzi presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte Público del Estado, para reformar los artículos, 2 en su fracción IV, 6 en su párrafo primero y fracciones, III, y V, 13, y 17 en su fracción III; y adicionar al artículo 12 la fracción XXIII Ter, a fin de incluir protocolos de atención y seguridad, dirigidos primordialmente a mujeres y niñas, de los posibles riesgos al transitar por las distintas rutas del transporte público.

Además, se busca incluir acciones para la mejora en la prestación del servicio de transporte público, atendiendo a acciones  con perspectiva de género. Esta iniciativa se encuentra en análisis al interior de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Derechos Humanos, Igualdad y Género; y, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.